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Las reformas ‘neocon’ de Wert: ‘educación de desastre’
Se está produciendo una mutación en la concepción del derecho a la educación: si durante años fue una causa social, ahora la conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de su competitividad.
Nos cuenta Noami Klein, en su libro La Doctrina del Shock, que Milton Friedman, gran gurú y líder intelectual del capitalismo de libre mercado, afirmaba que las inundaciones y la catástrofe provocadas por el huracán Katrina en 2005 eran una tragedia, pero también “una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo”: en lugar de reconstruir y mejorar el sistema de educación pública de Nueva Orleáns, entregar cheques escolares a las familias, para que estas pudieran dirigirse a escuelas privadas. La Administración de George W. Bush apoyó sus planes y en menos de 19 meses, en contraste con la parálisis con que se repararon los diques, las escuelas públicas de Nueva Orleans fueron sustituidas casi en su totalidad por una red de escuelas chárter, escuelas originalmente creadas y construidas por el Estado que pasaron a ser gestionadas por empresas privadas según sus propias reglas. De 123 escuelas públicas, sólo quedaron cuatro. Los maestros y las maestras de la ciudad fueron despedidos. Algunos de los profesores más jóvenes volvieron a trabajar para las escuelas chárter, con salarios reducidos. La mayoría no recuperaron sus empleos.
Estos ataques organizados contra los servicios públicos, aprovechando crisis provocadas para generar “tales oportunidades de negocio”, es lo que Klein denomina capitalismo del desastre. En España, el PP está aprovechando la “oportunidad” de la crisis para consolidar el saqueo de la educación pública, siguiendo las propuestas de Friedman de actuar con rapidez, para imponer los cambios rápida e irreversiblemente. Estimaba que una administración disfruta de seis a nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes generando un estado de shock en la población que facilite el “tratamiento de choque” del programa de ajuste. Aprovechar momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical, pues se tiende a aceptar esos “tratamientos de choque” creyendo en la promesa de que salvarán de mayores desastres.
El ministro Wert ha iniciado así una educación de desastre que apunta de forma persistente a recortar la extensión del derecho a la educación pública para toda la ciudadanía. Apuesta, como dice el profesor Viñao, por la exclusión de una cierta parte de quienes han sido incluidos, en el último medio siglo, en el proceso de escolarización creciente de la población. Mediante estrategias que están siendo reforzadas: el endurecimiento de las exigencias para promocionar, fortaleciendo así el carácter selectivo, incluso en los niveles obligatorios; la consolidación de itinerarios o ramas paralelas a edades cada vez más tempranas; la segregación en forma de grupos de clase según capacidades; el establecimiento de diferenciaciones competitivas relevantes entre centros docentes de un mismo nivel, etapa o ciclo obligatorio ―centros de excelencia, bilingües, etc.
Estrategias que se ven acompañadas simultáneamente de la reformulación del principio de gratuidad, mediante la extensión de los conciertos o subvenciones a la enseñanza privada, la implantación de los cheques o bonos escolares, introduciendo sistemas de re-pago, aduciendo que es necesario asumir la “responsabilidad” del coste real de la educación.
Debemos combatir este nuevo neoconservadurismo desigualitario que nos inunda, reclamando un sistema público de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación de todos y todas
Por otra parte, se busca también consolidar y aumentar la diferenciación de las dos redes de educación. El sector público centrado en atender a quienes sean rechazados por el sector privado o no hallen acomodo en el mismo, y dar servicio en aquellas zonas, como las rurales, que no son rentables para la iniciativa privada. Permanecerá así la Educación Pública como una red subsidiaria de la privada, de cuya financiación se desentienden progresivamente el Estado y las Comunidades Autónomas, con progresivos recortes: reduciendo el número de profesorado e incrementando el número de alumnado por profesor, las horas lectivas del profesorado; la desaparición o reducción de programas de refuerzo o apoyo, desdobles y atención a la diversidad, tutorías, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, comedores y actividades extraescolares, etc. Recortes acompañados, ante la oposición de la comunidad educativa, de una campaña de criminalización de toda protesta y de descrédito del profesorado y de los sindicatos.
Mientras, se fomenta el proceso de privatización educativa, mediante la cesión de suelo público o la adjudicación directa a empresas de la explotación de centros públicos; la creación de zonas únicas de escolarización (eliminando el criterio de proximidad y de distribución equilibrada de todo el alumnado a la hora de la matriculación), la ampliación de los criterios de los centros concertados para seleccionar a su alumnado, el establecimiento de mecanismos para financiar públicamente más tramos de la enseñanza privada como la educación no obligatoria (la concertación de todo el Bachillerato) o las desgravaciones fiscales para quienes lleven a sus hijos e hijas a colegios privados.
En paralelo se extienden medidas de privatización de la red pública mediante la introducción de técnicas de gestión de la empresa privada en la dirección y organización de los centros educativos, con sus indicadores de resultados medibles, lo cual permite establecer sistemas de “rendición de cuentas” y "rankings comparativos”, así como la gestión “flexible” desde la dirección/gerencia de los “recursos humanos” (facilitado con la actual reforma laboral) o el establecimiento de fórmulas contractuales (contratos-programa) de “gestión por objetivos” y “pago por resultados” para la financiación y sostenimiento de los centros (dar más a las escuelas o al profesorado que mejores resultados académicos obtienen). Medidas de comercialización que avanzan en la utilización de los centros por empresas privadas que llevan a cabo actividades lucrativas complementarias en horario escolar o fuera del mismo; el fomento de la financiación externa (publicidad, alquiler de locales, patrocinio privado, máquinas expendedoras de productos, etc.) que convierten al centro docente en un espacio más comercial que educativo; la externalización o subcontratación de actividades extraescolares, comedores, formación del profesorado, la evaluación de los centros, etc.
Se está produciendo así una mutación en la concepción del derecho a la educación: si durante años la educación fue una causa social, ahora la conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de su competitividad. La formación y el conocimiento se convierten en un bien privado, en una ventaja competitiva para insertarse en el futuro mercado laboral. Las nociones de igualdad, emancipación y democracia han sido remplazadas por un discurso de excelencia, autonomía financiera y reducción de costes.
Debemos combatir este nuevo neoconservadurismo desigualitario que nos inunda, reclamando un sistema público de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación de todos y todas, que cubra la necesidades de plazas escolares de todo el conjunto de la población y con la suficiente calidad en cada centro para que toda la población pueda recibir el máximo posible de oportunidades en su aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
Todo esto no es posible con el brutal recorte de los Presupuestos en Educación al que estamos asistiendo a nivel estatal y autonómico de la mano de los últimos gobiernos. En cualquier caso es imprescindible que se garantice la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, asegurando alcanzar el 7% del PIB en gasto público educativo. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Ahora, más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de lo público como garante de nuestros derechos sociales. Y en ese empeño, debemos construir colectivamente un discurso sólidamente fundamentado que se contraponga y contrarreste el lenguaje neorwelliano dominante de PP, que con su ambigua retórica (libre elección de centro, gobernanza…) oculta intereses neoliberales puramente mercantilistas, buscando convertir este derecho en una oportunidad de negocio (mueve dos billones de euros anuales a nivel mundial, según datos de la UNESCO), a la vez que perpetúa un modelo social neoconservador segregador y excluyente, que refuerza los aspectos más autoritarios, competitivos, academicistas y religioso-confesionales.
Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León y coordinador Federal del Área de Educación de IU.
- Mientras que en otros países encontramos esto...
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“El año que viene pierdo la beca”
El endurecimiento de los requisitos para acceder a las ayudas afectará a miles de estudiantes
En el previo de los exámenes, Raquel Vázquez (Xinzo de Limia, Ourense, 1992) afila su lápiz. Estudiante de 2º de Química en la Universidad de Santiago de Compostela, su situación económica podría dar un vuelco con el endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca.
Este año recibió 2.800 euros, además de un extra de 150 euros por aprobar todas las asignaturas en primero. Había conseguido atravesar la burocracia informática que dejó en el camino a muchos de sus compañeros por olvidar el doble clic en “aceptar”. Era el segundo año que recibía la ayuda del ministerio. No obstante, durante el curso, “por motivos personales, que no se pueden excusar con justificante médico”, Vázquez se ausentó a dos prácticas de laboratorio, lo que pone en peligro su beca. Las horas de clases experimentales son de obligada asistencia y, por tanto, el no haber acudido a ellas tendrá por sanción repetir esta asignatura el próximo curso. “El año que viene yo pierdo la beca”, augura con resquemor.
Su padre trabaja para una empresa de materiales de construcción, una isla en medio de la debacle del sector. “Si mis padres no pudiesen, sé que mis abuelos me echarían una mano”. Es una realidad que bosqueja para atajar el problema económico. Y, sin embargo, ello supondría la pérdida de “independencia”.
Química es, además, una de las carreras de mayor coste en Santiago. Este año la beca sufragó los cerca de 1.000 euros de su matrícula. De sumarse otros 540 euros a lo que debe pagar, un libro se convertiría en un objeto de lujo. Pero las gafas, la bata, los cuadernos y el resto de atuendos de laboratorio no son negociables. Cuenta que los profesores, en todo momento, tratan de concienciar a sus alumnos sobre los altos costes de cada material. Así es que Vázquez no ignora ni el precio de las probetas. “La beca no debe ser un incentivo para que estudiemos, es necesaria para poder estudiar”. Este martes se saltó la norma, y acudió a la huelga, para que ir a la universidad no se convierta en “un privilegio”.
Transfusión escolar contra la “sangría” de los recortes
Padres y profesores de un colegio de Alicante critican los recortes en Educación donando sangre
El colegio público Azorín de Alicante se ha convertido la tarde del lunes en una improvisada unidad hospitalaria por la que ha desfilado padres y profesores para donar sangre. La iniciativa ha tenido una doble carga: Por un lado crítica, es decir, evidenciar la sangría constante del sistema educativo público por los continuos recortes presupuestarios; y, por otra parte, solidaria.
La reividicativa transfusión escolar contra los recortes ha sido una iniciativa de la Plataforma del Colegio Azorín, en el tradicional barrio de El Pla de la ciudad de Alicante. Hasta el centro se trasladó una unidad especializada en transfusiones de la Consejería de Sanidad, que entre las 16.00 horas y las 20.00 extrajo sangre a decenas de padres y profesores. Los solidarios donantes tuvieron que apuntarse con antelación a la donación, ya que era un requisito indispensable para que el vehículo de la consejería se desplazara al centro.
El improvisado hospital de campaña se ha instalado en la biblioteca y el salón de actos del colegio. Allí, un médico y ocho auxiliares sanitarios han acomodado las camillas sobre las que han ido desfilando hasta un centenar de padres y profesores para donar su sangre.
Esta ha sido una de las más llamativas y singulares protestas contra los recortes que padres y profesores de este colegio llevan realizando desde hace más de dos meses. La próxima movilización será el jueves, con una concentración a las puertas del centro.
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